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Indemnización por incendio de vehículo ¿Cómo reclamar?

Indemnización por incendio de vehículo

Si estás leyendo este artículo puede ser porque tu coche ha sido presa de las llamas y quieres saber si tienes derecho a reclamar indemnización por incendio de vehículo, o porque la parte contraria alega que el incendio fue simulado. Si te encuentras en una situación así, sigue leyendo para despejar todas tus dudas.

¿Puedo reclamar una indemnización por incendio?

Lo primero que deberemos hacer es revisar nuestra póliza de seguro del hogar para comprobar si estamos cubiertos en caso de incendio. Tómate el tiempo que necesites y lee detenidamente las cláusulas porque suelen limitar los supuestos en los que tenemos derecho a reclamar indemnización por incendio.

En caso de que el incendio se haya producido en tu vehículo, éste estará cubierto por el seguro obligatorio. A este respecto se manifiesta la Sentencia de 6 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo.

[Es] suficiente con que tales daños o lesiones deriven del riesgo creado con su conducción, situación que […] también comprende la del vehículo estacionado al constituir el aparcamiento o la simple parada una maniobra más de la conducción.

Sin embargo, hay que matizar una cosa: la Ley del Contrato del Seguro establece que las aseguradoras no están obligadas a cubrir la indemnización por incendio en caso de que este sea provocado por el asegurado.

Pasos al reclamar indemnización por incendio

1. Dar parte al seguro: la Ley del Contrato del Seguro nos da un plazo de 7 días para informar al seguro del siniestro. Deberemos aportar la siguiente información:

·        Nombre y DNI.

·        Número de póliza.

·        Fecha y hora en la que se produjo el incendio.

·        Lista en la que figuran los daños sufridos.

2. Hacer un listado de daños: en este punto será importante que tomemos fotografías del estado de los objetos que se hayan quemado. Si es posible, añade los tickets de compra, recibos o fotografías del objeto dañado antes del incendio.

3. Espere al perito: tras el incendio, la aseguradora enviará un perito para ver cómo se produjo el incendio y calcular la indemnización por incendio en base a los daños. Este paso puede llegar a ser conflictivo ya que la parte contraria intentará rebajar al máximo la indemnización por incendio que nos corresponda.

En otros casos puede ser que la parte contraria alegue directamente que el incendio fue simulado. Esto cerraría la vía a recibir la indemnización por incendio que te pueda corresponder. Este es uno de los motivos de peso para contar con un abogado especializado en indemnizaciones en Barcelona porque podrá aportar argumentos legales y probatorios capaces de guiar al juez a la ahora de dictar un fallo justo.

4. Si no estás de acuerdo con la valoración del perito del seguro, te recomendamos que contactes con un abogado especializado en reclamaciones a seguros.

A la hora de reclamar indemnización por incendio, es muy importante estar bien asesorado por un equipo de abogados con experiencia que sea capaz de gestionar adecuadamente su reclamación. Las posibilidades de éxito serán mucho mayores.

Nuestro bufete cuenta con más de veinte años de experiencia y cuatro oficinas en Cataluña. Pondremos a tu disposición todos nuestros recursos para que recibas la máxima indemnización por incendio posible.

/FORMULARIO/

Caso real: 18.340,30€ de indemnización por incendio

Esto que te hemos explicado a continuación sucede más de lo podríamos pensar a priori. En el caso real que te ponemos como ejemplo, un incendio calcinó un vehículo que se encontraba aparcado en la calle.

El perito del seguro estableció que había indicios de que el incendio había sido simulado, lo que, en primera instancia, dejaba al propietario del vehículo sin indemnización por incendio.

Este argumento se sustentó en la investigación llevada a cabo por un detective privado contratado por la parte contraria y la presunción de mala fe por parte del asegurado dadas las condiciones y plazos de su póliza.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí ya que contactó con un abogado especializado en reclamar indemnización por incendio de vehículo. Éste diseñó varias líneas de defensa para desmontar los argumentos esgrimidos por la parte contraria. Primeramente, acudió la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que recoge que la mala fe no se presume, sino que debe ser probada. Por otro lado, supo demostrar que el resultado del informe del detective privado no podía probar que el incendio fuese simulado, sino que se basaba en elucubraciones. 

Tras una larga deliberación, el juez terminó dando la razón a la defensa y concedió a la víctima del incendio una indemnización por incendio de 18.340,30€.

Sentencia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la  parte  actora  se  presentó  demanda  de juicio ordinario en reclamación de cantidad, que fue turnada a este Juzgado,  y  que  se  dirigía  contra  la  compañía  aseguradora  XXXX,  basada  en  los  hechos  y los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, finalizando con la súplica de que, previos los trámites legales  pertinentes,  se dictase Sentencia, estimando la demanda interpuesta y condenando a la demandada a pagar  a  la  parte  actora  la  suma  de  30.681,36 euros, más los intereses  legales  correspondientes  y  las  costas  del juicio.

SEGUNDO.-  Por  Decreto  dictado  por  este  Juzgado  en  fecha  8 de mayo de 2019 se admitió a trámite la demanda, acordando dar traslado de la misma con los  documentos presentados a  la demandada, emplazándola para comparecer en forma legal en las actuaciones y contestar a la demanda en el plazo de 20 días.

TERCERO.- Dentro del plazo conferido la demandada presentó escrito por el que contestaba a la demanda interpuesta de contrario, oponiéndose a  la  misma  y  solicitando el  dictado de  una  Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda presentada de contrario, absolviendo a  la  parte  demandada de  todos  los pedimentos frente a la misma deducidos, todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora.

CUARTO.-  Por  Diligencia  de  Ordenación  de  este  Juzgado  se acordó convocar a las  partes  a  efectos  de  proceder  a  la  celebración de la  audiencia  previa,  que  se  celebró  el  día  8  de  marzo  de  2021 con la  comparecencia  de  todas  las  partes,  las  cuales  manifestaron no  haber  sido  posible  llegar  a  un  acuerdo  sobre  el  objeto  del  pleito, y  se  ratificaron en  sus  respectivos escritos iniciales. Tras concretar los hechos controvertidos, y no impugnándose por ninguna de  las partes los documentos aportados por la otra  en  cuanto  a  la autenticidad de los mismos, se procedió  a  proponer  prueba  por aquéllas, que fue  admitida en  los  concretos  términos  que  constan en el acta de la audiencia previa, señalándose como fecha para la celebración del juicio el día 27 de octubre de 2021.

QUINTO.- El  juicio  oral  se  celebró  en  la  fecha  señalada y,  tras la práctica de todas las pruebas que habían sido admitidas y la formulación oral de sus conclusiones  por  las  partes,  quedaron  los autos  conclusos  para  dictar   Sentencia,  habiéndose  registrado   la vista  en  soporte  apto  para  la  grabación y  reproducción  del  sonido  y de la  imagen,  conforme  a  lo  dispuesto en  el  artículo 187  de  la  Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000.

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones de las partes  y fundamentos de las mismas.

Por la parte actora se ha deducido  demanda  que  sirve  de base a esta litis contra la anteriormente citada parte demandada, ejercitando una acción de reclamación  de  cantidad  basada  en  la acción de responsabilidad extracontractual contemplada en  los artículos 1.902 y ss.  del  Código  Civil  y  en  los  artículos 1  y  ss.  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por  el  que  se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre  responsabilidad  civil  y seguro en la circulación de  vehículos  a  motor,  así  como  en  la existencia de aseguramiento voluntario del vehículo por parte de la entidad demandada, con fundamento en el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Dicha acción  se  fundamenta  en  el  siniestro  que  tuvo  lugar  el día 8 de  agosto  de  2017  cuando  el  vehículo  propiedad  del demandante, marca  MERCEDES  BENZ,  matrícula   XXXX, hallándose debidamente estacionado en la Avenida de  la  Vía  de  la Plata Nº 13-14 de Barberá del Vallés, resultó  afectado como consecuencia  de  un  incendio  en  el  mismo  que  le  provocó  daños graves  que  hicieron  imposible su  reparación. Habiendo   sido declarado el  vehículo  pérdida  total,  la  sustitución del  mismo asciende a la suma de 30.681,36 euros, sin que, sin embargo, por la compañía aseguradora se haya sufragado dicho importe, lo que ha llevado al actor, finalmente, a interponer la presente demanda.

Frente  a  ello,  la  entidad  demandada  se  opone   a   la pretensión ejercitada invocando la  falta  de  cobertura  del  hecho dañoso  por  parte  de  su  entidad  aseguradora   atendidos   los numerosos indicios que indican  que  el  incendio  denunciado  podía haber sido simulado; subsidiariamente, se alega por esta parte pluspetición en la reclamación efectuada, por entender que la indemnización por incendio que debería corresponder al demandante tendría que ascender  al  importe  de  14.454  euros  según  la  póliza  suscrita,  más la suma de 3.211,82 euros correspondiente a  los  extras  del  vehículo una vez aplicado un porcentaje de depreciación  en  los  mismos señalado en las condiciones generales y particulares del contrato celebrado.

SEGUNDO.-  Régimen  aplicable a  la  cuestión  litigiosa.

Centrados  así  los  términos  del  debate,  conviene  recordar  que nos  encontramos ante  un  hecho  de  la  circulación, puesto  que  tal y como  indica  la  Sentencia  de  la  Sección  1ª  de  la  Audiencia Provincial  de  Barcelona,  de  fecha  26/04/2017,  el  expresado  término ha de ser interpretado de acuerdo con la definición contenida actualmente en el  R.  D.  1507/2008,  de  12  de  septiembre  que aprueba el  Reglamento  del  Seguro  Obligatorio  de  Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos de motor, que se expresa en los siguientes términos:

“1. A  los  efectos  de  la  responsabilidad civil  en  la  circulación de vehículos a motor y de la  cobertura  del  seguro  obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por hechos  de  la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el  artículo anterior,  tanto  por garajes y aparcamientos,  como  por  vías  o  terrenos  públicos  y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así  como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común.

2.       No se entenderán hechos de la circulación:

a)       Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de suscripción del seguro especial previsto en la disposición adicional segunda.

b)       Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a  motor  especialmente destinados para  ello, sin perjuicio de la aplicación del apartado  1  en  caso  de desplazamiento de esos vehículos por  las  vías  o  terrenos mencionados en dicho apartado cuando no estuvieran realizando las tareas industriales o  agrícolas que  les  fueran  propias. En  el  ámbito de los procesos logísticos de distribución de vehículos se consideran tareas industriales las de carga, descarga, almacenaje y demás operaciones necesarias de  manipulación de  los  vehículos que tengan la consideración de mercancía, salvo el transporte que  se efectúe por las vías a que se refiere el apartado 1.

c)        Los desplazamientos de vehículos a  motor  por  vías  o terrenos en  los  que  no  sea  de  aplicación la  legislación señalada en el artículo 1, tales como los recintos de puertos o aeropuertos.

3.       Tampoco tendrá la  consideración de  hecho  de  la  circulación la utilización de un vehículo a  motor  como  instrumento  de  la comisión de delitos dolosos contra las  personas  y  los  bienes.  En todo caso sí será  hecho  de  la  circulación  la  utilización  de  un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el  Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto previsto en el artículo  382  de  dicho  Código Penal”.

El Tribunal Supremo ha dictado varias resoluciones al respecto, siendo de especial interés la Sentencia de 6 de febrero de 2012 que, al analizar el criterio interpretativo con el que debe abordarse la configuración legal de los denominados “hechos de  la  circulación”, señala que “no cabe deducir  automáticamente  la  inexistencia  de riesgo  derivado  de  su  conducción de  la  simple  constatación  de  que el vehículo  se  encuentre  parado.  Este  razonamiento  se  explica  por el propio espíritu y finalidad protectora de la víctima o perjudicado del artículo 1.1 LRCSCVM según el cual «el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del  riesgo  creado  por  la  conducción del  mismo,  de  los  daños  causados   a  las  personas  o  en  los  bienes con motivo de la circulación», en la medida que  la  eficacia  del precepto se  hace  depender de  que  los  daños  personales o materiales se ocasionen «con motivo de la circulación», en el sentido, no de que se produzcan estando el vehículo a motor en movimiento,  -aun  cuando  esto  sea  lo  más  común-,  sino  incluso cuando no lo esté, por ser suficiente con que tales daños o lesiones deriven del riesgo creado con su conducción, situación que,  por  la razones que seguidamente se expondrán, también comprende la del vehículo estacionado al constituir  el  aparcamiento  o  la  simple parada una maniobra más de la conducción. En esta misma línea interpretativa se encuentra la  circunstancia, puesta  de  manifiesto por algunas  Audiencias Provinciales, de  que,  aunque  la  reforma  del RD de 1968 llevada a efecto por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, eliminó de su denominación el término «Uso», sin embargo se mantuvo el  mismo espíritu de protección global de la víctima frente  a  los  riesgos derivados tanto  de  la  conducción  en  sentido estricto  como  del  uso de los vehículos a motor”.

Tal resolución del Alto Tribunal  tiene  especial  interés  en  la medida en que  destaca  la  finalidad  tuitiva  de  la  norma  y  la necesidad de que  se  interprete  teniendo  en  cuenta  esta  perspectiva de protección a la  víctima, y  por  ende,  la  de  destacar la  cobertura del seguro obligatorio cuando el daño se produzca “con motivo de la circulación”. De  este  modo,  la  Sección  5ª  de  la  Audiencia Provincial de Mallorca, en Sentencia de 7 de junio  de  2016,  recuerda  que  “El seguro de responsabilidad civil derivado del uso y circulación de vehículos de motor responde a un espíritu legislativo dirigido a garantizar que los  riesgos  derivados a  terceros, y  que  son inherentes a la incorporación a la vía pública de automóviles, estén debidamente cubiertos en dicho seguro. Esos riesgos no son sólo los producidos por el hecho  físico  del  desplazamiento de  un  vehículo en el espacio a una determinada velocidad, sino que son también susceptibles de  ser  incluidos en  dicha  finalidad todos  aquellos que con ocasión del uso propio del automóvil pudieran devengarse”.

Ello  conlleva  que,  tal  y  como  indica   la   misma   resolución, cuando  el  trascrito precepto   establece   la   responsabilidad   “con motivo  de  la  circulación”,  han  de   entenderse  incluidos  en  el  mismo los casos como el de  autos  pues,  “ pese  a  que  en  el  momento  del incendio  no  existía  desplazamiento  físico  del  automóvil,  ello   no exime  al  evento  de  la  debida  cobertura, siendo  susceptible de inclusión  dentro  del  ámbito  material  del  seguro   obligatorio,  tal   y como  se  desprende el  artículo 5  de  dicho  texto  normativo, regulador del “ámbito material  y  exclusiones”,  en  el  que  no  se  excluye  el supuesto enjuiciado, donde los daños a la  propiedad  de  un  tercero derivan del incendio del vehículo asegurado, estableciendo expresamente el número  4º  de  dicho  artículo  5º  que  “El  asegurador no  podrá  oponer  frente  al  perjudicado   ninguna   otra   exclusión, pactada o no, de la cobertura ………”,  en  el  marco  de  la responsabilidad civil extracontractual derivada de un hecho de la circulación,  debe  invertirse  la  carga  de  la  prueba  al  demandado cuando el perjudicado no  puede  incidir  en  modo  alguno  en  el  nexo causal, como sucede en el caso  de  autos,  en  el  que  el  vehículo actor estaba correctamente estacionado en la vía pública, siendo ajeno al origen del incendio y sufriendo los daños derivados de un  foco  de fuego procedente del vehículo de la demandada”.

Por lo tanto,  siendo  el  vehículo  actor  ajeno  a  toda  generación de riesgo,  cumple  la  demandante  con  acreditar  el  resultado dañoso  y  el  origen  del   incendio   en   el   vehículo   de   la demandada. Así  se  deriva  del  desarrollo  que   realiza   la jurisprudencia del  Tribunal  Supremo  sobre  el  artículo  1.902  del Código  Civil,  pues  si  bien  dicho  precepto  establece   como presupuesto de la obligación nacida de acto ilícito el que  haya intervenido “culpa o negligencia”, este  presupuesto  ha  sufrido  a  lo largo del siglo pasado una importante evolución jurisprudencial en ámbitos tales como la circulación de automóviles, descansando la obligación, no en la culpabilidad del  agente, sino  en  la responsabilidad por riesgo, teniendo su razón de ser en  la preponderancia del interés social. En consecuencia, el  riesgo circulatorio no  debe  incluir  sólo  el  desplazamiento físico  del vehículo, sino  también  habrá  de  tenerse  presente  el  riesgo inherente a   una   eventual   combustión   o   ignición   inadecuada del motor del automóvil , pues se deben considerar incluidos en la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros todos los riesgos sociales que la presencia de un motor de gasolina, gasoil,  u  otro  combustible  análogo  en  la  vía  pública generen,  al  ser  el  motor  consustancial al  propio  hecho  circulatorio, ya que sin el él no es posible la circulación y con él se incorporan a la vía pública, para eventual perjuicio de terceros, toda una serie de riesgos consustanciales a la naturaleza inflamable inherente a los combustibles fósiles, precisos para  la  finalidad  última  circulatoria. Sólo así se da debida cobertura a  todos  los  riesgos que  la incorporación de  vehículos  accionados por   tales   combustibles puedan ocasionar en la vía  pública  (en  este  sentido,  STS  de  20  de mayo de 2005, 14 de enero de 2002,  27 de febrero  de  2003 y  24 de octubre de 2006, entre otras muchas).

Finalmente,  no  puede  olvidarse que,  en  todo  caso,  el  artículo

26 de la Ley  de  Contrato  de  Seguro  establece  asimismo  que  “El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para  el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro”.

TERCERO.- Del incumplimiento por la aseguradora demandada de su obligación de indemnizar.

Las obligaciones cuyo incumplimiento se invoca por  el demandante se hallan en esencia recogidas en  lo  que  se  refiere  al objeto de controversia en los artículos  1.091,  1.  124  y  1.254  del Código Civil y 50 de la Ley de Contrato de Seguro, así como en el clausulado del  contrato  de  autos,  que  establece  de  forma  expresa los bienes objeto de  aseguramiento  y  las  contingencias  cubiertas entre las que se encuentra el incendio del vehículo (documentos núm. 1 de  la  demanda), alegando la  parte  demandada la inexistencia de obligación de indemnizar en atención a un  posible fraude por parte del titular del vehículo asegurado en relación a la verdadera producción del incendio.

En este sentido, ha de señalarse que, de conformidad con lo señalado por  el  Tribunal  Supremo  en  Sentencia de 7  de  noviembre de 1997 que  establecía  que  “la  mala  fe  no  se  presume,  sino  que debe ser examinada y  apreciada  por  el  Tribunal  de  Apelación,  y exige  e  impone  la  carga  de  la  correspondiente  prueba  a  cuenta  de la entidad aseguradora, lo que  aquí  no  ha  sucedido,  pues  no  se cumple tal exigencia con aportación de simples insinuaciones y sospechas, que es la actividad  procesal  llevada  a  cabo  por  la recurrida y  menos  al  no  quedar  acreditado  y  consolidado  como hecho firme que el asegurado fuera el que provocó o llevó a cabo la sustracción  denunciada”,  es  reiterada  la  jurisprudencia  posterior que indica que la  mala  fe  del  asegurado  no  se  presume,  sino  que exige e impone la carga de la correspondiente prueba a cuenta de la aseguradora, puesto que “…conviene tener en  cuenta  que  la pretendida exclusión de responsabilidad de los aseguradores en los casos de provocación  voluntaria  del  siniestro  por  el  asegurado, basado en la concurrencia  de  dolo  o  mala  fe  en  su  conducta, requiere de modo inevitable su justificación y  prueba correspondiente, que de  conformidad con  el  principio de distribución de  la  carga  de  la  prueba  previsto en  el  artículo 1.214 del  Código  Civil,  ha  de  recaer  en  las  citadas   compañías aseguradoras (Sentencias del Tribunal Supremo  de  30  de  mayo  de 1986, 5 de junio de 1987 y 19 de diciembre de 1988), dado que al caracterizarse el seguro  como  un  negocio  de  buena  fe  (“uberrime fidei contractus”) basado en  los  principios de  confianza y  lealtad  de los intervinientes (Sentencias del  Tribunal  Supremo de  8  de  febrero de 1986 y 8 de febrero y 15 de diciembre de 1989), es lo cierto por ello que  a  quien  alega  su  quebranto y  vulneración, incumbe asimismo el certero acreditamiento de la realidad y evidencia de la correspondiente infracción” (SAP Murcia,  de  28/09/98 y  SAP Tarragona, Secc. 1ª, de 16/03/2004, entre otras muchas).

Es por ello que, correspondiendo a la parte demandada la prueba  del  hecho  de  la  simulación,  por  la  compañía aseguradora XXXXse ha  tratado  sin  éxito  de  acreditar  la misma mediante el informe del detective  D.  XXXX, que refleja en el mismo una serie de teorías y elucubraciones sin suficiente sustento probatorio, reconociendo además este testigo que efectivamente acudió al lugar del siniestro transcurrido un mes desde el mismo, no pudiendo asegurar que los restos de fluido quemado que descubrió en el lugar correspondieran al incendio litigioso o a cualquier otra contingencia posterior.

Paralelamente, por  el  demandante  se  acredita  la  preexistencia de los objetos y  los  daños sufridos por  el  vehículo mediante la  copia de las condiciones particulares de  la  póliza  suscrita  con  la demandada y el reportaje fotográfico de los daños ocasionados por el incendio (documentos nº 2 y 5  de  la  demanda),  así  como  la denuncia del siniestro formulada ante la policía el día de los hechos (documento nº 4  de  la  demanda), resultando  que,  aunque ciertamente es  cuando  menos  extraño  que  el  demandante estacionara el vehículo en un lugar tan alejado de su domicilio y el incendio se produjera  justo  después  de  que  suscribiera  la  nueva póliza  de  autos,  incurriendo  en  numerosas  contradicciones,  ello  no es suficiente para  poder  concluir  que  el  siniestro  no  ocurrió  tal  y como fue relatado en la denuncia, máxime cuando, haber existido efectivamente la simulación, necesariamente debería  haber  sido objeto  de  denuncia  por  la  entidad  aseguradora  ante  el  Juzgado  de Instrucción competente, al tratarse de delito perseguible de oficio, denuncia que no consta que se haya formulado.

En atención a lo expuesto, incumbiendo en los términos vistos a la aseguradora la prueba sobre la  simulación del  siniestro,  que debía acreditar que el asegurado fue el que provocó o llevó a cabo la sustracción denunciada, no se ha practicado prueba bastante de la concurrencia de verdadera simulación preparatoria del fraude, lo que determina, por aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desestimación del primer motivo de oposición opuesto por la demandada y el nacimiento de su obligación de pago de las garantías  asumidas  en  virtud  del contrato de seguro suscrito con el demandante.

CUARTO.- De la cuantía de la indemnización por incendio que ha de satisfacer la aseguradora demandada.

Sentada la obligación de  indemnizar por  parte  de  la aseguradora  demandada,  resulta  que  la  acción  ejercitada  por  la parte actora en  las  presentes  actuaciones deriva  de  los  artículos 1  y ss. de la Ley de Contrato de Seguro, contrato  que  vincula  a  los litigantes y  en  cuya  cláusula  de  la  Condiciones Generales, relativa  a la modalidad de cobertura por incendio, se establece  que  “esta garantía comprende tanto la combustión o abrasamiento con  llama como la explosión y las consecuencias de la caída del  rayo” , extendiendo la garantia de la siguiente forma:

“Happy End 110.

•         Cuando se produzca el incendio del vehículo en  los  dos primeros años desde  la  primera  matriculación,  se  abonará  el  110% del valor de nuevo del vehículo si el asegurado  es  el  primer propietario. Si el asegurado es el segundo o posterior propietario, el 110% del valor de adquisición en vez del valor de nuevo.

•         Si el incendio se produce transcurridos dos años desde la primera matriculación, se abonará el 110% del valor GANVAM del vehículo.

Incendio de elementos y piezas de serie del vehículo.

El  100%  del  valor  de  nuevo,  excepto  los  elementos de telefonía móvil, multimedia y  audio  que  no  se  consideren elementos fi jos del vehículo, y la batería se valorarán según su antigüedad:

100% el primer año, 80%  en el segundo y tercero  y 50%  a  partir del cuarto año.

Incendio de accesorios extra del vehículo declarados en condiciones particulares.

En caso de  estar  declarados en  las  condiciones particulares, se cubre un 100% de los daños ocasionados en el incendio. Cuando se produzca un incendio total se indemnizará según su antigüedad: 100% del valor de nuevo en el primer año,  80%  en  el  segundo  y tercero y 50% a partir del cuarto año”.

De este modo, esta cláusula, en relación  con  los  daños  por incendio sufridos por el vehículo  asegurado  con  una  antigüedad superior a dos años,  contiene  una  norma  de  valoración de  la  que  la Ley de Contrato de Seguro de  1980,  en  su  artículo  26.2  denomina “valor  del  interés  asegurado en  el  momento   inmediatamente anterior a la realización del  siniestro” .  En  relación  a  dicha  cláusula, hay que advertir que las partes  de  un  contrato de  seguro  son  libres para  establecer  este  valor  en  sus  acuerdos,  tal  y  como  dispone  el art. 28 de la L. C. S., que se remite al art. 26, que es lo que llevaron a cabo  las  partes  en  este  contrato,  tratándose  por  tanto  de  una regla valorativa del interés asegurado que, teniendo en cuenta  la doctrina jurisprudencial recaída sobre  el  particular, no  puede incluirse entre las  limitativas de  derechos,  sino  como  delimitadoras del riesgo, porque su única finalidad es la de determinar el valor del vehículo asegurado caso de que se produzca el siniestro.

Así, la jurisprudencia  viene  distinguiendo  entre  las  cláusulas que delimitan el objeto y el ámbito  del seguro,  como  son  las  que definen el riesgo y las que determinan el alcance económico, de las cláusulas limitativas de  los  derechos  del  asegurado,   las   cuales operan para restringir, condicionar o modificar el  derecho  del asegurado   a   la   indemnización   una    vez que   el   riesgo   objeto del seguro se ha producido, siendo  la  diferencia  fundamental  entre ambas que mientras para las primeras basta que estén destacadas y aceptadas de forma genérica, por lo que es  suficiente el consentimiento general del tomador en orden a la conclusión  del contrato para la validez y consiguiente oponibilidad, en cambio  las lesivas de los derechos del  asegurado requieren  la  aceptación específica (SSTS 9 noviembre 1990, 16 octubre y 31 diciembre 1992,

9 febrero 1994, 7 marzo 1.997, 10 febrero y 3 marzo 1998,  18 septiembre 1999, 16 mayo y 25 octubre 2000, 2 febrero 2001).

Y,  en  el  presente  caso,  a  pesar  de  las  alegaciones expresadas en este sentido por el demandante, dado que la jurisprudencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan  qué  riesgo  se  cubre,  en  qué  cuantía,  durante  qué  plazo y en qué ámbito espacial (SAP A Coruña, Secc. 6ª, de  30  de  junio  de 2020, con cita de las SSTS de 2 de febrero 2001, 14 mayo 2004,    17

marzo 2006, 3  de  marzo  de  2014  y  15  de  octubre  de  2014),  y  toda vez  que  la  cláusula  mencionada consta   convenientemente destacada, con redacción sencilla y clara, y delimita el riesgo que es objeto de cobertura, de modo positivo, y negativo, indicando hasta

donde puede  alcanzar la  acción  indemnizatoria,  la  pretensión  de la  parte  actora  de  ser  indemnizada  con  arreglo   al  valor  a nuevo del vehículo siniestrado por no considerarse aceptada expresamente la mencionada cláusula delimitadora no puede prosperar, dado que tiene este carácter y no carácter limitativo según la  jurisprudencia expuesta  y, además,  se invoca  en relación a un contrato aportado, precisamente, por el propio asegurado para sustentar las pretensiones de su demanda y en cuyas condiciones particulares se recuerda que “en el Robo, Incendio y Daños Propios, además de las establecidas en todas las garantías, se limita la indemnización al valor del vehículo establecido en el GANVAM, teniendo en cuenta en cada caso, los plazos y los importes correspondientes para cobertura fi jados en las Condiciones Generales”.

Ha lugar en consecuencia a  acoger  la  excepción  de pluspetición en la reclamación formulada por la parte demandada en su escrito de contestación, por entender acertado que la indemnización que debe corresponder  al  demandante no  puede  ser la del valor de mercado del automóvil en el momento del siniestro sino la señalada en las condiciones generales y particulares de la póliza suscrita y que comprende el 110% del  valor  GANVAM  del vehículo y, a la vista de del certificado GANVAM  y  del  informe técnico aportado por la aseguradora como documentos nº 5 y 6 de la contestación, la indemnización que  ha  de  corresponder  al actor por este concepto es la de  14.454  euros .  Y  ello  habida cuenta de que el actor aporta en sustento de su  valoración únicamente una serie de ofertas de venta  de  automóviles de  la misma marca y modelo que el siniestrado pero cuya ausencia de características,  antigüedad  y  kilometraje  concreto  impide  la  fi jación de un valor correcto a los efectos pretendidos, no  aportándose además otros elementos probatorios de carácter técnico que sirvan para cuestionar o alterar el precio fi jado por la aseguradora.

De otro lado, en cuanto a la suma reclamada en  atención a  los extras que albergaba  el  automóvil  en  el  momento  del  siniestro, procede asimismo acoger  la  valoración  expuesta  por  la  demandada en relación a  este  extremo  puesto  que,  no  existiendo  controversia en relación al presupuesto adjuntado por el demandante como documento nº 18 de su escrito excepto en lo relativo a la partida de las llantas de cinco  radios,  asiste  la  razón  a  la  aseguradora  en cuanto a que, a  la  vista  de  las  fotografías aportadas,  el  automóvil no   portaba   tal   elemento   adicional   en   el   momento   del incendio sino que tenía instaladas otras llantas distintas a las aseguradas. El demandante no ha propuesto  ni  practicado  prueba alguna objetiva  para  acreditar  que,  no  obstante la  oposición formulada en este sentido por  la  demandada, el  vehículo  vio malogradas por el incendio las llantas de los  neumáticos que  eran objeto de cobertura según  lo  declarado en  las  condiciones particulares de la póliza y, por ello, al amparo del artículo 217 de la

L. E. C., debe detraerse de la indemnización el importe de las llantas contenido  en  el  presupuesto  de  autos  y  que  asciende  a  2.392,12 euros.

El importe de reposición de los extras  del  vehículo  que  se hallaban instalados en el momento del incendio ha de minorarse en consecuencia a la suma de 6.423,64 euros y, en aplicación  de  la cláusula de valoración anteriormente  expresada,  que  establece  que en el caso  de  incendio total  del  vehiculo se  indemnizará el valor  de los accesorios extra declarados en un 50% a partir del cuarto año de antigüedad de tales elementos, procede finalmente también la depreciación de su valor, puesto que por el demandante no se ha practicado  ninguna  prueba  dirigida  a  acreditar  la   antigüedad  de tales elementos, acogiéndose  por  ello  la  valoración  de  3.886,30 euros tal y como indica la demandada.

Por  tanto, la suma  que  ha  de  obtener  el  Sr. XXXXX en concepto de indemnización total por el riesgo asegurado ha de ser  la  de 18.340,30 euros,  con  estimación únicamente parcial  de  la demanda interpuesta.

QUINTO.- Intereses.

Según se desprende  del  artículo  76  de  la  Ley  del  Contrato de Seguro existe responsabilidad civil de la compañía XXXX., al existir acción

directa del perjudicado contra  la  aseguradora del  vehículo siniestrado, para  exigirle  la  obligación  de  indemnizar  (SSTS  de 8-6-84 y de 5-7-89, entre otras).

La  entidad  aseguradora  demandada  deberá  abonar  al actor los intereses correspondientes  en  los  términos establecidos en el artículo  20  de  la  Ley  del  Contrato  de Seguro, según redacción de la Ley 30/1995,  de  8  de noviembre.

Así mismo, la parte demandada deberá abonar los intereses legales que de la cantidad objeto de condena se  devenguen,  de acuerdo con el artículo 576 de la LEC.

SEXTO.-  Costas.

En materia de costas, y a tenor de lo establecido en el  artículo

394.2 de la LEC, habida cuenta del carácter parcialmente estimatorio de la demanda, no se hace expresa  imposición  de  las  costas causadas en el presente proceso, debiendo cada una  de  las  partes abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Vistos los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y pertinente aplicación,

FALLO

Que ESTIMO  PARCIALMENTE  la  demanda  interpuesta  por  D. XXXXXX,   representado   por   el   Procurador   de los Tribunales D. XXXXXX, contra la compañía aseguradora  XXXX,

representada por la Procuradora de  los  Tribunales  Dña.  XXXX, la cual versa sobre reclamación de cantidad y, en consecuencia, condeno a la parte demandada a  abonar  a  la  parte actora  la  suma  de  DIECIOCHO  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (18.340,30€), más los intereses legales correspondientes, con aplicación  de  los  intereses moratorios previstos en el artículo 20 L.  C.  S.  respecto  de  la entidad aseguradora condenada, y todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer Recurso de APELACIÓN ante este Juzgado  en  el  plazo  de  VEINTE  días  a  contar  del  siguiente  al  de  la notificación de la misma, en base a lo establecido en los artículos

458 y siguientes  de  la  LEC  con  las  modificaciones  introducidas  por la Ley 37/2011, de 10 de  octubre,  de  Medidas  de  agilización procesal.

Dedúzcase testimonio de esta resolución para  su  unión  a  los autos, quedando el original unido al libro de  Sentencias  de  este Juzgado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  265  y  266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta Sentencia lo acuerda,  manda  y  firma  Doña  XXXX,   Magistrada- Juez   titular   del   Juzgado   de   Primera Instancia nº 3 de Terrassa y de su partido.